Los cruceros tendrán que pagar 1.440 euros cada vez que recalen en un puerto catalán. El nuevo impuesto, que se sumará a la tasa turística que pagan los cruceristas (con un recargo en el caso de los que hacen escala en Barcelona), se aprobará en los próximos meses y gravará las emisiones de óxidos de nitrógeno que los grandes buques de más de 5.000 toneladas dejan en Barcelona, Tarragona y el resto de puertos catalanes cada vez que atracan o fondean en esas poblaciones. Los barcos turísticos no serán los únicos barcos afectados, ya que los petroleros tendrán que abonar en torno a 3.000 euros por cada atraque y los portacontenedores, 550 euros.
El impuesto del que la Generalitat ya tiene el anteproyecto de ley listo tiene su origen en la Ley de Cambio Climático aprobada en 2019 y su desarrollo ha llegado después de dos compromisos consecutivos del Govern con la CUP y Catalunya en Comú vinculados a su apoyo a los presupuestos autonómicos. El tributo, pionero en España pero similar a los que ya están en vigor en algunos países del Norte de Europa, permitirá ingresar en su primer año completo de aplicación unos 7,5 millones de euros anuales.
El tributo afectará al 80% de los barcos que llegan al puerto de Barcelona, al 76% de los que lo hacen a Tarragona y a un 75% de los del resto de Cataluña. Se prevé que la carga tributaria media sea de 759 euros, aunque el 44% de las escalas asumirán una cuota inferior a los 300 euros.
El consejero de Acción Climático de la Generalitat, David Mascort, ha asegurado este viernes que el Govern tenía la intención de tener lista la tramitación parlamentaria del tributo este año, aunque los plazos habituales lo hacen difícil. Si lo lograra, la primera liquidación semestral que tendrán que asumir navieras o armadores se produciría en julio del próximo año. Si no es así, su aplicación ya se iría a 2025.
El Ejecutivo ha mantenido su último objetivo de gravamen para los grandes barcos, de un euro por kilo de óxidos de nitrógeno emitida y partículas, teniendo en cuenta la escala en el puerto, el tiempo de maniobra, de amarraje y de fondeo.
El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, el también republicano Lluís Salvadó, había advertido que los planes de la Generalitat (él estuvo en el Departamento de Economía cuando se ideó el tributo) podía provocar un efecto pernicioso para Barcelona, llevando a las navieras a descartar Barcelona como un lugar de operaciones. Mascort ha rechazado hoy esos temores, aunque se han tenido en cuenta las alegaciones que han llegado en el trámite de información pública de la ley.
Deducciones
Mascort ha defendido que este tributo es un acompañamiento para la descarbonización del transporte marítimo y ha asegurado que se han previsto bonificaciones para aquellos barcos que ya han acometido inversiones de electrificación total o parcial, lo que supondrá descuentos en el impuesto si se ha previsto la posibilidad de conectarse a la línea eléctrica del puerto o si se utiliza una batería eléctrica interna del buque. Los ferris que realizan conexiones con Palma de Mallorca, Mahón o Ibiza tendrán un descuento en la cuota a liquidar del 25%.
El tributo no lo pagarán ni buques de servicios públicos como los de transporte, los dedicados a cuestiones humanitarias o aquellas otras embarcaciones que tengan que parar en un puerto por una cuestión de emergencia. El consejero ha señalado que si en los siguientes tres años a la aprobación de la ley no se ven avances en la transformación que persigue la norma por parte de las navieras, se aumentará la dureza impositiva del tributo.
